LOS NUEVOS DIOSES

Por: Mario Ramírez Monard

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En columna anterior habíamos planteado un derecho fundamental de los pueblos que pocas personas conocen y que se denomina Derecho de Resistencia a la Opresión.

Todo ser humano, dentro de un Estado de Derecho, está obligado a cumplir las normas establecidas por la sociedad a través del llamado derecho positivo. Para que exista un Estado de derecho se necesita que haya un imperio de la ley y la división de poderes, entre otros elementos básicos. El gobierno o los aparatos administrativos del Estado deben estar dentro de la legalidad, esto es, cumpliendo las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Por eso, cuando hay un golpe de Estado ya no puede hablarse de un Estado de Derecho.

Los tres poderes, dentro de este concepto moderno de Estado, deben ser independientes pero actuar con armonía. En nuestro país hay un desbarajuste tremendo en la concepción que hemos planteado puesto que, muchas veces, el legislativo trata de influir en los otros dos poderes y se atribuye odiosos privilegios; el ejecutivo asume frecuentemente actitudes totalitarias en su mandato frente a los otros: impone, desconoce, tergiversa y toma determinaciones casi que dictatoriales en clara oposición o manipulación del poder otorgado por el pueblo. Por otra parte, el aparato judicial se vuelve intocable y sus jurisprudencias, fallos o determinaciones las vuelven incontrovertibles, como si partieran del concepto religioso judeo – cristiano de infalibilidad del Papa, el sumo gobernante de la doctrina católica.

Olvidan los “representantes” por elección o mandato del pueblo que la legitimidad de un gobernante se fundamenta en el consentimiento de los gobernados, lo que determina un pacto de asociación libre igual y voluntario que viene a legitimar ese poder y que legitima, también, el poder político haciendo que el pueblo se convierta en autoridad suprema, como debe ser.

Esta consideración hace parte de lo que se ha denominado el Contrato Social (recordemos a Rousseau) que permite pactar, hacer convenios entre individuos para buscar la dignidad dentro de una organización política, social o Estado; de ahí obliga a que regule y modele instituciones sociales, políticas y jurídicas para que se viva armónicamente.

Entonces, el Contrato Social -en el caso de nuestro ordenamiento jurídico- da los elementos necesarios para aceptar la obligación moral y jurídica de obediencia al derecho porque esos elementos provienen de la participación democrática de los colombianos en la Constitución. Por eso, cuando el derecho es injusto o injustamente aplicado, los garantes o el elector primario tiene razones específicas para la desobediencia civil, desobediencia al derecho que ha sido establecido por los poderes en su nombre.

En síntesis, un Estado es democrático cuando tiene un ideal de compromiso con su componente humano basado en la justicia. Se exige una obediencia pero esa obediencia se refiere al respeto por las reglas de juego establecidas, pero estas reglas también tienen límites, sobretodo cuando parte de esos componentes (la sociedad civil) se encuentra en condiciones injustas de vida.

A raíz de muchas de las determinaciones del aparato judicial en Colombia, han salido magistrados y jueces a plantear la prohibición total para debatir sus disposiciones, algunas de ellas injustas o en contravía de disposiciones o pactos internacionales de los cuales Colombia hace parte. Aquí es preciso hacer claridad en el sentido de que esos pactos o protocolos firmados están por encima de la Constitución. No es cierto que nuestra Constitución sea absolutamente soberana y que no hay nada por encima de ella. Lo es en el ámbito interno más no con respecto a pactos y tratados internacionales, artículos 93 y 94 CPC.

En el caso de la sangrienta toma del Palacio de Justicia y la determinación de obligar al ejército pedir perdón ante el país y solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional para juzgar el caso y al ex presidente Belisario Betancourt, se le fueron las luces al Tribunal de Cundinamarca por motivos que explicaremos en otra columna. El hecho es que el presidente Santos salió a opinar sobre la determinación pero no incitó al desconocimiento ni a enfrentar a los magistrados y jueces. La respuesta del poder judicial fue de total rechazo a las apreciaciones del primer mandatario y de muchos periodistas y analistas del conflicto en Colombia.
“Las determinaciones, providencias o fallos de los jueces no se pueden controvertir o desconocer”, se escuchó por varios días a través de los diferentes medios de comunicación.

Entonces, ¿los jueces no se equivocan?, ¿son infalibles? Si los fallos han sido injustos, desproporcionados o contra claras disposiciones internacionales aceptadas por nuestro país, entonces, ¿tenemos que aceptarlos porque así lo establecen los magistrados? Según estas desafortunadas afirmaciones, no se pueden debatir públicamente las ideas expresadas en los fallos.

En nuestro país están apareciendo unos seres providenciales con ínfulas de reyes absolutos como Luis XIV “el Estado, soy yo” y esos seres “divinos”, “providenciales”, fundamentalistas hacen parte del congreso de la república, del aparato ejecutivo y ahora de nuestros infalibles jueces. Por esta situación es que se justifica el derecho de resistencia a la opresión. De ahí la necesidad de pensar en la “refundación” de nuestro Estado, pero no en la refundación de extrema derecha o el fin último de la anárquica extrema izquierda cuyo brazo armado de la guerrilla pretende lograr: un país sin libertades a través del miedo, el terrorismo y la violencia extrema. La refundación que planteamos está basada en los principios fundamentales de la dignidad y de la verdadera justicia.

Estos nuevos dioses que manejan el Estado deben entender que es tanta la injusticia, la miseria y el infortunio actual del pueblo colombiano que ya nuestra creencia en dioses está pasando de moda, que muchos somos agnósticos y muchos otros ateos. En síntesis, bájense del pedestal porque seguiremos debatiendo, opinando y luchando con ideas, que no con las armas, por una Colombia mejor y sin tantos privilegios para unos pocos.

POST SCRIPTUM: En el caso del coronel Plazas Vega, ha sido tan vehemente la insistencia personal sobre su inocencia que ya muchos dudamos de la verdadera culpabilidad. El hecho, de tanta magnitud, amerita una nueva investigación garantizándole su debido proceso. Si el juez en primera instancia y luego el Tribunal de Cundinamarca hicieron un fallo que deja dudas razonables, el acusado merece que se le escuche, que se le valore y se le tengan en cuenta unas pruebas que, según su abogado, no fueron valoradas. En la facultad de derecho aprendí un latinajo que siempre tengo presente: “in dubio, pro reo”, esto es, en caso de duda, a favor del acusado. Es lo menos que debe hacerse por un militar serio y honesto que, equivocado o no en los hechos, recibió órdenes de retoma del Palacio.